Como saben, el pasado 21 de marzo de 2022, se notificó la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña nº 969/2022 que estimó la demanda que interpuso el abogado David Neila Pérez en defensa de la Plataforma de Afectados por las restricciones circulatorias (PARC) quedando anulada la Ordenanza de Bajas Emisiones de Barcelona.
Al día siguiente, de la decisión Judicial y pese a quedar anulada la Ordenanza, es público y notorio que el Ayuntamiento de Barcelona siguió multando aduciendo que la sentencia no era firme. Por este motivo y para ganar tiempo, el Ayuntamiento de Barcelona interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo y éste a su ritmo, ha ido resolviendo los diferentes recursos presentados.
Pues bien, la semana pasada se notificó finalmente la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona frente a nuestra sentencia 969/2022 confirmándose una vez más la validez de la sentencia del TSJC que anula la Ordenanza ZBE de Barcelona y que promovió la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias.
Ante esta situación, en una reunión jurídica mantenida con la PARC, se informó de que siendo firme la sentencia en este momento y habida cuenta de su incumplimiento, procederían desde bufete neila a solicitar la ejecución de sentencia para poner fin de una vez a una zona de Bajas Emisiones que no tiene sentido.
Somos plenamente conscientes de la dificultad que entraña la ejecución de una sentencia de tales magnitudes y más considerando todos los acontecimientos ocurridos hasta la fecha:
- La Ordenanza ZBE Impugnada se aprobó el 20/12/2019 y desde entonces, el Ayuntamiento inició miles de expedientes sancionadores a los ciudadanos y empresarios que entraban con sus vehículos en la ZBE. Estas sanciones, basadas en dicha ordenanza se extendieron mucho más allá de la sentencia de 21/03/2022, exactamente se extendieron hasta 21/02/2023 (fecha en que se derogó la ordenanza, por Otra Nueva con idéntico contenido).
- En fecha 21/02/2023 El Ayuntamiento dicta una nueva Ordenanza ZBE, que bajo nuestro punto de vista es para eludir el cumplimiento de la decisión judicial. Al amparo de dicha Ordenanza se siguen multando a ciudadanos siendo el contenido de dicha Ordenanza contraria a la sentencia del TSJC según nuestra opinión.
Carece de sentido que, tras un pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento siga creando actos administrativos contrarios a la sentencia judicial (imponiendo multas).
Carece de sentido que, si una sentencia judicial anula la Ordenanza de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento acto seguido deje sin efecto la ordenanza y dicte otra en su lugar con idéntico contenido. Debe tolerarse esta práctica? de ser así, que sentido tiene impugnar una ordenanza y que judicialmente se declare nula, si acto seguido se puede dejar sin efecto y volver a aprobar otra con idéntico contenido? No deja vacío de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva?
Hemos recorrido un largo camino desde 2020, hemos logrado la anulación de miles de multas habiendo devuelto ya el Ayuntamiento una buena parte de las mismas (millones de euros), pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se sigue multando a ciudadanos sin recursos o a empresas que no pueden permitirse un nuevo vehículo o a vehículos que en realidad no contaminan más que otros que sí que pueden acceder impunes a la ZBE.
Les iremos informando de cualquier novedad.
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