El pasado 28 de febrero de 2020 se publicó en el diario ABC la siguiente noticia relativa a un asunto mediático de nuestro despacho de abogados en el que intervenimos para frenar una grave injusticia:
El Port Olímpic de Barcelona vive sus últimos meses con su actual cara: en abril termina la concesión administrativa vigente y con ella el gobierno liderado por Ada Colau -que coge las competencias de la zona, hasta ahora en manos de la Generalitat- encabezará una transformación de un espacio que, aunque en los últimos años se había ido degradando, fue un gran exponente del esplendor de los Juegos Olímpicos de 1992. Esta misma semana, los primeros restaurantes afectados por la reforma han recibido vía burofax el aviso de que deben desalojar sus locales en un máximo de dos meses, una notificación contra la que la semana que viene interpondrán recurso.
La petición afecta a siete restaurantes, además de un par de locales de ocio nocturno, del muelle de Mestral. La carta informativa, fechada el 19 de enero y a la que ha tenido acceso ABC después de que esta semana haya llegado a los implicados, les recuerda que sus contratos vencen el 2 de abril y que «la reforma integral y calendario de obras previsto imposibilita su continuidad más allá de la fecha máxima establecida del 3 de abril de 2020». Para entonces se les pide «la reversión y entrega de todas las instalaciones que ustedes ocupan al Ayuntamiento». Este cambio de manos se tiene que efectuar a partir del 3 de abril y como máximo el 30 de abril, dice la carta.
Segundo contencioso
Aunque la notificación es actual, los afectados, llevan tiempo luchando contra los planes del gobierno Colau que suponen truncar sus negocios: tras anunciarse las intenciones municipales de reformar la zona para integrarla mejor a la ciudad, el pasado noviembre, la Asociación Empresarial Port Olímpic (Asemport) presentó un contencioso- administrativo, que fue desestimado por no haber nada en firme.
Ahora, con la notificación en mano, el asesor jurídico de la entidad, David Neila, ultima un segundo contencioso, y estudia posibles querellas contra los responsables, con el que esperan medidas cautelares para paralizar el «desahucio» de una zona en la que algunos llevan desde julio de 1992 y conseguir más margen de maniobra para que los afectados se readapten a su nueva realidad.
Buena parte de su enfado radica en que sus compañeros del muelle de Gregal, que alberga también restaurantes y que también tiene que verse afectado por la reforma integral del Port, pueden seguir, de momento, con sus actividades empresariales. Por ese motivo, los afectados cuestionan que el trato desigual recibido entre unos y otros puede conllevar un delito de prevaricación
«Existe un gran agravio comparativo entre restaurantes porque las reglas del juego para unos y otros son diferentes. No pueden tratarnos a unos de una manera y a otros de otra», denuncia Luis Palau, secretario general de Asemport, que recuerda que los locales que se salvan de bajar la persiana -restaurantes pero no discotecas- lo hacen gracias a una prórroga de dos años en sus concesiones, que se pactó hace casi un año atrás . El mismo acuerdo fijó que tendrán un derecho preferente de concursar a las nuevas concesiones.
«Objetivo: ser puerto»
Además, desde Asemport lamentan que «el Ayuntamiento obvia que el principal objetivo del puerto es, como enclave terrestre marítimo, precisamente ser puerto». Por eso, creen que eliminar las instalaciones actuales con el objetivo de reconvertir la zona en una plaza o parque de la ciudad en unos terrenos que están calificados de marítimo terrestres podría afectar a la Ley de Costas y que, por lo tanto, se requeriría de proyectos que van más allá de las intenciones urbanísticas municipales.
Los afectados, con todo, no han empezado a desmontar sus negocios porque están convencidos de que podrán paralizar de momento su desalojo.
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